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Juez suspende resolución que limita plantaciones de yerba mate

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El juez federal de la ciudad correntina de Paso de los Libres, Gustavo Fresneda, suspendió la resolución del Instituto Nacional de la Yerba Mate (INYM) de junio pasado que fijó límites desde enero de 2022 a las nuevas plantaciones de yerba mate para evitar una crisis de sobreoferta y desató una pulseada entre los gobiernos de Corrientes y Misiones.

El fallo del magistrado sólo alcanza a la empresa que concretó la presentación -la yerbatera misionera La Cachuera-, pero sienta un precedente para otros reclamos en los tribunales.

El foco del conflicto es la Resolución 170 del INYM oficializada en el Boletín Oficial el 17 de junio pasado, que establece que desde enero de 2022 “todos los productores, sin importar su tamaño, no podrán incorporar más de cinco hectáreas por año de nuevas plantaciones, con el objetivo de evitar que el ´exceso´ de producción futuro rompa el equilibrio productivo, económico y social de la cadena”.

Por esas horas esa resolución fue avalada por el Ejecutivo misionero, que lidera Oscar Herrera Ahuad (Frente Renovador de la Concordia).

“Entendemos que es una resolución en defensa del pequeño y mediano productor”, aseguró en esa oportunidad el ministro del Agro y la Producción, Sebastián Oriozabala, en relación a las mejores oportunidades relativas con las que cuentan las grandes industrias del sector.

Sin embargo, en reacción a la medida adoptada por el organismo nacional, en julio el mandatario de Corrientes, el radical Gustavo Valdés, anunció la decisión de su gobierno de llevar el rechazo a la Justicia.

“Perjudica a Corrientes en su política agraria”, sostuvo el ministro de Producción local y representante de la provincia en el INYM, Claudio Anselmo.

La resolución del INYM tuvo el fuerte apoyo de todos los sectores que componen la cadena yerbatera, a excepción de la Cámara de Molineros de la zona productora.

Reacciones

El fallo de Fresneda será apelado en las próximas horas por el organismo nacional.

“Seguramente el lunes (por hoy) estaremos trabajando con el Departamento Jurídico del Instituto para apelar la medida”, aseguró en las últimas horas a Primera Edición el vicepresidente del INYM y representante del Gobierno de Misiones, Ricardo Maciel.

“Más allá de la cuestión judicial, queda claro que cuando se busca equilibrar la producción y evitar la concentración, determinados actores recurren a la Justicia para imponer condiciones”, enfatizó Maciel.

Por su parte, también en diálogo con el diario misionero, el representante titular de los trabajadores rurales en el INYM, Rubén Alvez, consideró que “la decisión judicial responde a un pedido del sector industrial por las grandes empresas”.

“Somos una gran familia en la que viven muchísimos productores, trabajadores, pymes y secaderos; no podemos dejar que un sector controle toda la actividad”, recalcó.

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