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La reforma laboral en España enfrenta a los socios en el gobierno

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La reforma laboral en España, que el ejecutivo debe presentar antes de fin de año, provocó vivas tensiones en la coalición de izquierda en el gobierno, dividida sobre cómo reducir la precariedad y preservar el empleo.

El objetivo de la iniciativa, que debe ser negociada con sindicatos y empresarios, es desmontar la reforma del mercado laboral implementada en 2012 por el gobierno conservador de Mariano Rajoy que buscó relanzar una economía española devastada por la crisis financiera de 2008.

El objetivo de la iniciativa, que debe ser negociada con sindicatos y empresarios, es desmontar la reforma del mercado laboral implementada en 2012 por el gobierno conservador de Mariano Rajoy que buscó relanzar una economía española devastada por la crisis financiera de 2008.

Sus críticos en la izquierda estiman que dicha reforma disparó la precariedad laboral en España, el país con la mayor tasa de contratos temporales en Europa. Entre sus defensores, la patronal asegura que permitió reducir el desempleo, que rozó el 27% en 2013 y actualmente se ubica en 16%.

El gobierno del socialista Sánchez apuesta por revisar sus aspectos más controversiales, como la posibilidad del empleador de modificar unilateralmente el contrato de trabajo o la prioridad otorgada a los acuerdos de las empresas sobre los convenios colectivos, lo que según los antagonistas favoreció la baja de los salarios.

Pero el alcance de la reforma enfrenta a los socios de coalición.

Mientras que la ministra de Trabajo y líder de la izquierda radical, Yolanda Díaz, ha prometido una "auténtica revolución" en el mercado laboral para "adaptarlo al siglo XXI", la vicepresidenta de Economía y antigua directora de presupuestos en la Comisión Europea, Nadia Calviño, se muestra más reticente, sin llegar a hablar de "derogación" de la reforma de los conservadores.

La patronal, que no oculta sus miedos frente al enfoque de Podemos que juzga "marxista", ha brindado su apoyo a Nadia Calviño, acusada de "injerencia" por Podemos por su intención de participar en las negociaciones.

"El mercado laboral influye de una forma decisiva en la economía y es muy normal que también el Ministerio de Economía pueda opinar", opinó Antonio Garamendi, presidente de la patronal CEOE.

Esto irritó más a Podemos, que reclamó a los socialistas una reunión urgente de la comisión que supervisa la implementación del pacto de coalición, pautada para la noche de este lunes.

"Hay una parte del gobierno que no quiere que se cambie el modelo de relaciones laborales, es decir que se mantenga el 'statu quo'", lanzó este lunes Yolanda Díaz, previsible candidata de Podemos en las próximas elecciones generales, muy aplaudida el fin de semana por el sindicato Comisiones Obreras, ante el que prometió cumplir "a pesar de todas las resistencias".

Para Antonio Barroso, analista del gabinete Teneo, el Partido Socialista "quiere una reforma más moderada, más en línea con lo que quiere Bruselas", pero derogar la reforma conservadora de 2012 fue "una de las promesas estrella" de Podemos cuando entró al gobierno a principios de 2020, y teme que si no la cumple "va a tener un efecto negativo en las urnas".

Si bien las tensiones son fuertes, "a ninguno de los dos miembros de la coalición le interesa que el gobierno caiga", en vista del avance de la derecha en los sondeos, subrayó Barroso.

El tiempo apremia: Bruselas espera antes de fin de año una reforma exigida a cambio del megaplan europeo de recuperación, del que España es uno de los principales beneficiarios con 140.000 millones de euros (unos 162.700 millones de dólares).

"El mercado laboral ha sido tradicionalmente un problema en España, con muchas diferencias entre los trabajadores más protegidos y los que menos", estimó el domingo al diario El País el comisario europeo de Economía, Paolo Gentiloni, de visita en Madrid esta semana.

"El camino elegido por España de negociar con los agentes sociales es una buena decisión. Pero esto no supone que las negociaciones estén abiertas 'sine die'. Pasado un tiempo el gobierno debe decidir", agregó.

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