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Disputa por represa mendocina: habilitan laudo y decide Alberto Fernández

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La dura puja entre gobernadores por la proyectada construcción de la represa de Portezuelo del Viento en Mendoza que rechaza La Pampa -con el guiño del resto de las provincias de la cuenca del Río Colorado- anotó un nuevo capítulo ayer: el Ministerio del Interior dio curso al pedido de laudo presidencial elevado por el radical mendocino Rodolfo Suarez, lo que dejó el hierro caliente de la decisión final sobre el destino de la obra en manos de Alberto Fernández.

“Me acaba de notificar el ministro del Interior, Eduardo de Pedro, que da curso a nuestro pedido de laudo y lo remite a Presidencia de la Nación, para obtener el laudo arbitral”, anunció pasado el mediodía Suarez, en el marco de una movida cuyana que obtuvo previamente el blindaje público del peronismo mendocino.

“Wado” de Pedro es el presidente del Consejo de Gobierno del Comité Interjurisdiccional del Río Colorado (COIRCO), integrado por las provincias de Buenos Aires, La Pampa, Mendoza, Neuquén y Río Negro.

El proyecto de Portezuelo del Viento requiere una inversión de u$s1.023 millones financiados por el Gobierno nacional, como parte de un arreglo extrajudicial con Mendoza sellado en 2006. Pero la obra es duramente cuestionada por La Pampa, con el apoyo del resto de los socios del COIRCO, por la dura afectación que -advierten- generará sobre la cuenca hídrica.

Ayer la cartera de Interior detalló que, “ante el pedido de laudo arbitral elevado por Mendoza el pasado 21 de febrero en relación a la obra de Portezuelo del Viento, ayer (por el martes) se inició el proceso notificando a las provincias, tal cual marca el estatuto del COIRCO”.

“Se hace saber a las cinco provincias integrantes de la cuenca que, en el plazo previsto en las normas estatutarias, se elevarán los antecedentes a consideración del Presidente de la Nación”, anunció ayer la cartera de De Pedro, además de pedir a las provincias que “realicen las presentaciones y acompañen la documentación que consideren pertinente respecto a su posición en el asunto en el plazo de 15 días hábiles administrativos”.

En los hechos, la movida de piezas desplegada por De Pedro -con el telón de fondo además de las tensiones intestinas dentro del Frente de Todos nacional con La Cámpora en el marco del acuerdo con el FMI- deja una bomba de tiempo en manos del Presidente.

En medio de los múltiples desafíos que enfrenta la Casa Rosada -con la inflación y el entendimiento con el FMI como algunos de sus focos-, Fernández deberá así además expedirse frente a una pulseada que enfrenta al radical mendocino Suarez con el peronista pampeano Sergio Ziliotto, quien a su vez cuenta con el respaldo del bonaerense Axel Kicillof, del neuquino Omar Gutiérrez (MPN) y de la rionegrina Arabela Carreras (Juntos por Río Negro).

Rápido de reflejos ayer, tras el anuncio de Suarez el pampeano Ziliotto salió a anticipar que si bien presentará la documentación requerida, “solicitará el rechazo del laudo al Señor Presidente”.

En el Ejecutivo pampeano entienden que el pedido de laudo presidencial es “extemporáneo”, en “atención a que resulta voluntad de todas las provincias que integran COIRCO, salvo Mendoza, de realizar un estudio de impacto ambiental en toda la cuenca”.

“Latrocinio hídrico”

“Nuestro rechazo al latrocinio hídrico contra La Pampa”, arengó sin medias tintas ayer Ziliotto, quien en paralelo evalúa además nuevas “alternativas jurídicas” para batallar en la Corte Suprema de Justicia nacional el cumplimiento del fallo del máximo tribunal -de hace cerca de dos años- que ordena mantener un caudal mínimo del río Atuel -también compartido con Mendoza, desde donde baja- en tierra pampeana.

En lo que respecta a la puja en torno de la represa de Portezuelo del Viento, el artículo 11 del Estatuto del COIRCO establece que las decisiones del Consejo “se adoptan por acuerdo de los presentes” y que, en caso de no lograr arribar a ese entendimiento, corresponde activar otros mecanismos.

En ese marco, el presidente del Consejo de Gobierno, a pedido de cualquiera de las partes en desacuerdo, “deberá llamar a juicio arbitral en el término de 15 días”. Y las veredas en disputa deberán “fundamentar documentalmente sus respectivas posiciones”.

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