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Exmilitares protestaron en Guatemala para que se los indemnice por su labor en la guerra civil

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Cientos de exmilitares guatemaltecos bloquearon hoy dos fronteras terrestres, el paso a un puerto marítimo y unos 15 tramos de carreteras para reclamar al cuestionado presidente Alejandro Giammattei el pago de una indemnización por sus servicios durante la guerra civil (1960-1996).

Los manifestantes buscan que el Congreso, controlado por el oficialismo y sus aliados, apruebe una iniciativa de ley que autorice la indemnización de unos 15.000 dólares para cada soldado jubilado por su labor durante el conflicto armado interno, que dejó 200.000 muertos y desaparecidos, la mayoría por el accionar del Ejército.

Los manifestantes buscan que el Congreso, controlado por el oficialismo y sus aliados, apruebe una iniciativa de ley que autorice la indemnización de unos 15.000 dólares para cada soldado jubilado por su labor durante el conflicto armado interno, que dejó 200.000 muertos y desaparecidos, la mayoría por el accionar del Ejército.

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En Guatemala existe una ley de resarcimiento para víctimas de la guerra civil, viudas y huérfanos, pero la legislación no incluye a los miembros de las fuerzas armadas.

Alejandra Mena, vocera de Migración de Guatemala, dijo a periodistas que los manifestantes cerraron el paso en las fronteras de Tecún Umán, limítrofe con México, y en Valle Nuevo, que comunica con El Salvador.

Agregó que también bloquearon el acceso hacia Puerto Quetzal, una de las más importantes terminales marítimas del país en el Pacífico.

Por su lado, la Policía de Carreteras informó del cierre de caminos en 15 puntos del país, recogió la agencia de noticias AFP.

«Si no hay una respuesta satisfactoria continuaremos con los bloqueos durante tres días», agregó un manifestante, al explicar que líderes del movimiento tenían prevista una reunión con diputados para exigir el avance del proyecto de ley.

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Los militares retirados protagonizaron en junio y agosto pasados protestas similares para presionar por la ratificación de la iniciativa presentada en 2019 por el diputado Felipe Alejos, un congresista incluido recientemente por Estados Unidos en una lista de «corruptos».

El mandatario guatemalteco viene siendo blanco de duras críticas de gran parte de la sociedad, que llegó a exigirle varias veces la renuncia tras ver frustradas sus demandas sociales y económicas, a la vez que le endilgan actos de corrupción, especialmente en su gestión en la pandemia de coronavirus.

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