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En bloque, gobernadores UCR defendieron firma de Pacto Fiscal con Nación

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Hombro a hombro y tras críticas y disidencias brotadas dentro de Juntos por el Cambio, los tres gobernadores radicales -el jujeño Gerardo Morales (presidente a su vez del Comité Nacional de la UCR), el mendocino Rodolfo Suarez y el correntino Gustavo Valdés- salieron ayer a defender en bloque su decisión de haber firmado el lunes el Consenso Fiscal para 2022 con Alberto Fernández.

“Donde gobierna la UCR los impuestos son más bajos”, aseguraron desde un documento conjunto -replicado luego por dirigentes de la fuerza-, y enfatizaron que se comprometen “ante los argentinos a no aumentar impuestos”, en un pronunciamiento que generó incomodidad o malestar en otras provincias.

Fue una arenga con sello del centenario partido y no incluyó al porteño Horacio Rodríguez Larreta, cacique del PRO y socio de JxC que no rubricó el Pacto bajo la denuncia -que desacomodó a los ucerreístas- de que “incluye aumento de impuestos” (y porque lo obligaría a suspender su puja en la Corte por la coparticipación).

El Consenso Fiscal técnicamente abre la puerta a eventuales subas de impuestos provinciales en distritos con alícuotas por debajo de los topes, además de alentar la potencial creación de un impuesto a la Herencia. Pero buena parte de los gobernadores -del Frente de Todos, de JxC y de fuerzas provinciales- salió ya a anticipar que no proyectan anunciar nuevos incrementos de la presión tributaria para 2022.

En el pronunciamiento de ayer, los tres radicales argumentaron que firmaron el Consenso Fiscal “con un sentido federal, de ordenamiento de los compromisos recíprocos entre la Nación y las Provincias”.

Además remarcaron que “Corrientes, Jujuy y Mendoza están entre las provincias con menor carga fiscal del país”, “por debajo de la media de la presión fiscal” y “por debajo de los topes establecidos en el último Consenso”.

La mirada y metodología del posicionamiento fue cuestionada sin embargo ayer desde provincias de otros signos políticos. En los cuadros, además, aparece en posición desventajosa CABA, sexta por caso entre los estados con supuesta mayor presión tributaria en el ejercicio 2020.

“El dato de presión fiscal no es confiable porque se calcula como el cociente entre recaudación sobre Producto Geográfico Bruto y no hay metodologías homogéneas entre las provincias para el cálculo del PGB, con lo cual el cociente no refleja lo que se quiere medir”, aseguraron ayer a Ámbito desde un despacho provincial.

También remarcaron que en materia de alícuotas de II.BB. “la información oficial de la Comisión Arbitral es diferente”, que “la mayoría de las provincias están por debajo de los topes del Consenso” y que “para hacer una comparación relevante hay que considerar jurisdicciones en similares situaciones” (por caso, respecto de nivel de financiamiento de coparticipación).

Desde otro distrito, en sintonía, aseguraron ayer a este diario que “hay provincias que han tenido niveles de crecimiento y generación de puestos de trabajo formales más allá de la cuestión tributaria local” y que “la sola `baja´ de impuestos, como manifiestan los tres gobernadores, no es motivo para generar desarrollo económico”.

“Lo importante es conocer el desarrollo y crecimiento económico de las provincias y el estado de sus finanzas, y hay datos que son contundentes en los que esas tres provincias muestran malos indicadores”, señalaron, con foco en “el nivel de empleo privado formal, el endeudamiento de las finanzas públicas y el nivel de empleo público provincial en relación a la cantidad de habitantes”.

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“Cobramos menos impuestos, manejamos alícuotas notablemente más bajas que las que establece el Consenso Fiscal, ofrecemos importantes ventajas impositivas a través de regímenes de promoción,tenemos presupuestos ordenados y somos transparentes en el manejo de los recursos públicos”, promocionaron los tres gobernadores radicales.

En esa línea, argumentaron que firmaron el Consenso Fiscal “con un sentido federal, de ordenamiento de los compromisos recíprocos entre la Nación y las Provincias”. “Y las tres provincias nos comprometemos ante los argentinos a no aumentar los impuestos. Así gobernamos los radicales para que quienes quieran invertir puedan hacerlo en las mejores condiciones generando trabajo genuino para nuestra gente”, recalcaron.

La arenga -con ecos electorales de cara a la puja presidencial 2023 y a la interna en JxC- se produjo luego de que brotaran cuestionamientos y disidencias dentro de la coalición opositora frente al Pacto impulsado por la Casa Rosada. El más duro fue Rodríguez Larreta, el único en no rubricar el entendimiento, aunque en una cumbre previa de JxC arribaron a la tregua de respetar todas las decisiones, “en el marco del compromiso asumido en la campaña electoral de no crear nuevos impuestos ni incrementar los existentes”.

Las críticas emanaron también de referentes económicos nacionales de JxC. Y de dentro de las fronteras provinciales. Por caso, en Cambia Mendoza el PRO salió a cruzar a Suarez. “No comparto firmar un Consenso que autoriza a crear y subir impuestos y que niega a las provincias poder demandar a la Nación por los perjuicios que su arbitrario manejo de fondos nos ha generado”, señaló el diputado nacional Omar de Marchi (PRO).

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